La Federación de empleados de los servicios públicos de UGT (FeSP) y el Área Pública del sindicato CC OO han acordado este martes iniciar una campaña conjunta de movilizaciones bajo el lema «Ahora: salarios, empleo público y derechos», que consistirá en grandes concentraciones de delegados sindicales ante las sedes de las delegaciones de Gobierno de todas las provincias el próximo 24 de noviembre y una gran protesta final el 14 de diciembre ante el Ministerio de Hacienda en Madrid.

Ambas organizaciones han explicado que los empleados públicos no van a aceptar la tesis defendida por el Gobierno según la cual la falta de presupuestos paraliza la consecución de un acuerdo para restituir el poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración y el desarrollo del pacto por el empleo al que llegaron en marzo pasado.

En este sentido, el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, ha lamentado que «el Gobierno no sepa masticar chicle y bajar escaleras al mismo tiempo» y ha recalcado que por muy grave que sea la crisis abierta con Cataluña, ese problema no puede paralizar el resto de asuntos que ha de atender el Ejecutivo. «No vamos a tolerar que los empleados públicos se conviertan una vez más en los paganos de una crisis que no han propiciado ellos», ha añadido.

Por su parte, Pepe Fernández, coordinador del Área Pública de CC OO, ha recordado cómo desde el pasado 21 de septiembre Hacienda y sindicatos no han vuelto a reunirse ni a mantener ningún intercambio de documentos sobre la situación salarial de los tres millones de empleados con que cuenta la Administración, que, en media, los sindicatos estiman que han perdido un 13% de poder adquisitivo durante la crisis después de las sucesivas congelaciones salariales y el recorte de retribuciones decretado por los últimos Gobiernos socialistas y del PP.

Ambos dirigentes sindicales han explicado que cuando a principios de septiembre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, creía contar con los apoyos necesarios para sacar adelante el presupuesto, el Gobierno ofreció a los funcionarios una subida salarial vinculada al crecimiento económico que en el mejor de los escenarios posibles suponía un aumento salarial acumulado del 8% en 2020. Los sindicatos certificaron entonces su total oposición a esa cifra por estar aún muy alejada de ese 13% de promedio que estiman que se ha depreciado el poder de compra de estos trabajadores durante los últimos años. Sin embargo, al menos constataron que había voluntad por parte del Ejecutivo para tratar de compensar los esfuerzos realizados por este colectivo durante los peores años de la crisis.