Los 1,2 millones de funcionarios afiliados al Régimen General perciben de media un sueldo bruto total de 2.498,25 euros, una cantidad que se ha incrementado un 12,85% desde enero de 2018 y que supera en 509,7 euros a la de la media del total de trabajadores por cuenta ajena.
Estos datos se extraen de la Estadística de Bases de Cotización por contingencias comunes. La base de cotización equivale a la remuneración bruta total, ya sea en dinero o en especie, que percibe el trabajador cada mes. Por ello, esta estadística supone uno de los indicadores más actualizados de la situación real de los sueldos en España.
Aunque los datos publicados por la Tesorería General de la Seguridad Social solo llegan hasta marzo, cobran relevancia en un momento en el que se intensifican las reivindicaciones salariales de los trabajadores públicos. Una cuestión que afecta directamente a la negociación sobre el pospuesto "pacto de rentas" que el Gobierno aspira a alcanzar con patronal y sindicatos.
Los datos del Régimen General muestran claramente cómo la brecha salarial entre los funcionarios y el conjunto de la economía se consolida por encima de los 500 euros, e incluso se ha visto acentuada entre 2021 y 2022.
Ello pesar de que la base media de cotización del resto de trabajadores también ha aumentado en estos años. Pero la diferencia salarial de 509,8 euros registrada en marzo de 2022 era 54 euros superior a la anotada en el mismo periodo de hace cuatro años.
El argumento habitual del Gobierno de que se trata de profesionales que prestan servicios públicos esenciales como la sanidad, los servicios sociales y la educación no sirve en este caso. A efectos de la Estadística de Bases de Cotización, los trabajadores de estos sectores se cuentan en una categoría propia que no discrimina entre los que operan en el sector público y privado.
De hecho, los funcionarios ganan un 12,7% más que los educadores y un 14,6% más que los profesionales de los servicios sociales. Aunque en este caso hay matices: un profesional sanitario gana un 1,85% más que un empleado de las administraciones, pero un trabajador social gana 1.000 euros menos que ambos.
La diferencia es que hay 117.000 cotizantes funcionarios más que profesionales sanitarios, sumando a los que trabajan para las comunidades y las empresas privadas. Algo bastante sorprendente en un momento, el primer trimestre del año, en el que el repunte de la pandemia provocado por ómicron aún seguía obligando a contratar un refuerzo extraordinario de personal sanitario.
Los funcionarios suponen el 7,9% del total de cotizantes, lo que les convierte en el segundo grupo de asalariados con un mayor número de asalariados. Solo se ven superados por los trabajadores del comercio al por menor, que llegan a los 1,38 millones. Eso sí, su sueldo es 1.033 euros inferior.
Pero el millón de camareros que cotizaban en marzo eran los que percibían una retribución más baja entre todos los asalariados españoles. Su base media de cotización es de 1.077 euros, 1.421 euros menos que un funcionario. Esta cantidad equivale al sueldo bruto medio de un trabajador de los servicios sociales.