Más de 2.500 jueces españoles creen que existe «un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho» en nuestro país. Tres de las cuatro asociaciones judiciales así lo exponen en un escrito enviado a la Unión Europea en el que piden «amparo» e, incluso, medidas sancionadoras a España por dos reformas del Ejecutivo de PSOE y Podemos: la ya aprobada, que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que supera ya los dos años en funciones; y la que plantea rebajar la mayoría necesaria parlamentaria para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que se encuentra paralizada.

Mientras, el CGPJ guarda silencio y, según ha avanzado Europa Press, es posible que aborde en su próximo Pleno la primera reforma, aprobada el 11 de marzo. Además, tomará en consideración un informe técnico para ver de qué forma limita su actividad el nuevo articulado, que para los jueces firmantes supondrá un «apagón» y un «desapoderamiento» del órgano. “Esa reforma deja al CGPJ sin funciones de designación de cargos judiciales”, señala el escrito, dirigido a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

A ambos se les expone la situación de la judicatura española y se les pide iniciar un procedimiento de sanciones incluido en el artículo 7 del Tratado de la Unión, que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo. Esto último, “si no se subsana la situación denunciada”, una expresión con la que los firmantes defienden su petición de paralizar ambas reformas, optando por la dureza a la hora de hablar específicamente de la rebaja de mayorías parlamentarias para renovar el CGPJ.

La idea de PSOE y Podemos de rebajar a una mayoría absoluta la mayoría de 3/5 necesaria ahora en las cámaras para renovar el CGPJ se entendió como una fórmula de presión al PP, cuyos votos son necesarios para acometer una renovación que lleva sin firmarse dos años y medio. Poco después, sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la paralización de la reforma para sentarse a negociar.

Esos intentos tampoco fructificaron y paso en falso del Gobierno levantó suspicacias en los magistrados. La Asociación Europea de Magistrados llegó a expresar su «gran preocupación» al considerar que dicha reforma era «un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial».

“Es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción”, sostienen ahora las asociaciones firmantes: Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Un portavoz de la cuarta asociación, Jueces y Juezas para la Democracia, señala en declaraciones a 20Minutos que también comparte las quejas de sus compañeros, aunque critica que no se haya contado con ellos y defiende que hay que «priorizar la inmediata renovación del CGPJ por ser una grave anomalía constitucional que esté dos años en funciones».

Entre los jueces hay unanimidad en torno a la necesidad de derogar la forma de elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ. “El actual sistema de facto es contrario a la Constitución y a las exigencias de las instituciones europeas”, señala el comunicado, en el que se recuerda que el texto, aprobado en 1985, fue avalado por el Constitucional pero también que este tribunal previó los riesgos, “convertidos ahora en lamentables realidades”.